Son 19 y la mayoría fueron ministros, comisarios de policía, capitanes, coroneles del Ejército y jefes de la Guardia Civil durante el franquismo. Sobre todos ellos pesan hoy acusaciones de tortura y homicidio perpetrados durante la Guerra Civil y el régimen franquista (1936-1977), pero el gobierno de España parece estar dispuesto a hacer todo lo posible para evitar que tengan que comparecer ante los tribunales.


España, tras cuatro décadas de democracia, no sólo no ha juzgado a los responsables de las muertes provocadas por el golpe de estado y la represión franquista escudándose en la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977 sino que bajo el amparo del ahora gobernante Partido Popular (PP), que todavía cuenta con cuadros franquistas entre sus filas, les ha otorgado posiciones de poder y reconocimientos por su labor profesional.


Fue precisamente el ejecutivo del PP el que se negó a extraditar a parte de estos 19 investigados para que fueran llevados ante los tribunales argentinos, donde se instruye la única causa abierta contra el franquismo en el mundo.
De nada sirvió, que, en 2015, la ONU instara a España a extraditar (http://www.publico.es/internacional/onu-advierte-espana-obligada-extraditar.html) a los "responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas". El ejecutivo mantuvo que la ley otorga a España la competencia para enjuiciar a sus propios ciudadanos, que la materia investigada había prescrito y que buena parte de los supuestos delitos penales no eran considerados como tales cuando se llevaron a cabo.
Ahora y ante la petición de colaboración de María Servini de Cubría, la jueza argentina a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal que instruye la causa contra el franquismo, para interrogarlos en España, el gobierno ha optado primero por la inoperancia y luego por la dilación.


"Hay que terminar de estudiarlo, todavía no hay ninguna respuesta", aseguraron hace una semana a VICE News fuentes oficiales del Ministerio de Justicia respecto del necesario traslado de la petición de Servini a la Audiencia Nacional, un paso imprescindible para poder efectuar los interrogatorios. Algo que la jueza había propuesto realizar entre el 7 y el próximo 22 de abril.
El lunes, estas mismas fuentes aseguraron que ya se había remitido una respuesta a la justicia argentina pero no quisieron revelar el contenido de la misma. Con todo, fuentes de la Audiencia Nacional afirmaron a VICE News no haber recibido ninguna instrucción por parte del Ministerio de Justicia para tomar declaración a los acusados. Carlos Slepoy, abogado de una parte de los cerca de ya 400 querellantes, asegura a VICE News que en dicha misiva el ejecutivo reclamaba el pliego de preguntas que Servini quería formular a los acusados.

"La verdadera colaboración de España se acabó cuando en vez de interrogar a los demandantes, se pidió cooperación para tomar declaración a los acusados", considera Slepoy en línea con las denuncias de Amnistía Internacional sobre la obstrucción del proceso judicial por parte del gobierno español.
Buena parte de los 19 investigados han sido condecorados por su labor profesional por parte de instituciones públicas, en algunos casos en fechas tan recientes como 2013, otros son prestigiosos abogados, propietarios de hípicas o forman parte de entidades educativas y culturales. Todos viven, en definitiva, como ciudadanos respetables tras el manto de una impunidad sin precedentes en el contexto europeo.
VICE News ha intentado recabar la información más esencial de cada uno de ellos. Este artículo repasa su identidad y trayectoria, intenta poner cara a los investigados — con contadas salvedades debido a la escasez de documentos gráficos disponibles — y aporta la información clave acerca de los cargos por los que están siendo investigados.









Carlos Rey González. En 1974 era capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército y participó en el Consejo de Guerra de la causa número 106/73 que juzgó a Salvador Puig Antich. Desarrolló las funciones de vocal ponente, y como tal informó y fue el redactor de la sentencia que lo condenaría a muerte. Esta sentencia fue ejecutada el 2 de marzo de 1974, por medio del garrote vil. En este sentido asegura (http://www.ara.cat/politica/carlos-rey-sentencia-puig-antich_0_1247275524.html) que no se arrepiente de ello.
En la actualidad, oficia como como abogado penalista y ha representado legalmente a Alicia Sánchez Camacho, expresidenta del Partido Popular en Cataluña, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3.


Antonio Troncoso de Castro. Coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar y exfiscal del Tribunal Supremo. También fue vocal del Tribunal Marítimo Central y especialista en Derecho Militar, de la Guardia Civil y de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad.
Se le acusa por su papel como vocal ponente, es decir, asesor jurídico y redactor de sentencias del Consejo de Guerra Sumarísimo del Proceso de Burgos (https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Burgos) (diciembre 1970) que se saldó con nueve condenas a muerte. Con todo, sobre él pesa su actuación en varios consejos de guerra y causas militares organizados contra luchadores antifranquistas desde 1963 hasta el final de la dictadura.

En la actualidad reside en Madrid y es director, fundador y consejero de la consultora en gestión empresarial Troncoso y Reigada S.L.

Jesús Cejas Mohedano. Nacido el 25 de diciembre de 1946. Ingresa en el cuerpo jurídico del Ejército en 1969 y, en 2002, el Consejo General del Poder Judicial admite la presentación de su candidatura para el acceso a la carrera judicial como magistrado.
Forma parte de consejos de administración como secretario o administrador en Madrid, Córdoba, Ciudad Real de distintas empresas como Berhanyer Shoemaker, SL; Locales en Propiedad, SA; Artesanos Camiseros, SA; Inversor, SA.
Se le acusa de ser el vocal auditor en el Consejo de Guerra de septiembre de 1975 que condenó a muerte a José Humberto Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar y José Humberto Baena Alonso.



Jesús Muñecas Aguilar. Nació el 6 de enero de 1939 en Daroca, Zaragoza. Fue responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa en 1976. Cargo del que fue relevado por las torturas infligidas a una detenida bajo su custodia. Ya en Madrid, tuvo un papel clave en el Servicio de Información dentro de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.


En la intentona golpista del 23-F, era capitán en el Escuadrón de la Ia Comandancia Móvil de Valdemoro, fue encargado de acudir al Congreso con un autobús en el que viajaban un par de tenientes, algunos suboficiales y una veintena de números. Procesado por rebelión militar, el Tribunal Supremo acabó condenándolo a 5 años y salió en libertad tras cumplir las tres cuartas partes de la condena.
Denunciado por Jon Ugutz Arrizabalaga Basterrechea por torturas infringidas a Andoni, el hermano de este último. Tras su detención el 18 de agosto de 1968, Andoni permaneció 22 días incomunicado, siendo posteriormente condenado a pena de muerte y viendo conmutada su pena.

Ha sido profesor de equitación y actualmente es administrador de la empresa Montefor SL, en Valdemoro, Madrid, y propietario Centro Hípico de Valdemoro.














Abelardo García Balaguer. Nacido el 16 de noviembre de 1937, García Balaguer es el único médico que figura en esta lista. Ginecólogo de profesión en la Línea de la Concepción, Cádiz. También fue presidente del comité local del Partido Popular en esta zona gaditana.
Se le acusa de haber actuado como principal responsable en la sustracción de bebés a algunas de las mujeres que atendía, dando información falsa sobre la presunta muerte del niño, o no dando información alguna sobre el paradero del mismo


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