Un juez español vinculó al gobierno venezolano con el caso de un complot terrorista contra Uribe


Adrián Sack
Para [URL="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1238826"]LA NACION[/URL]

MADRID. La justicia española reveló ayer detalles de una supuesta operación conjunta de ETA y las FARC para asesinar a dos presidentes colombianos en ejercicio, que habría contado con la presunta participación del mandatario venezolano, Hugo Chávez.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que mantiene una relación de significativa afinidad con el presidente bolivariano, reaccionó con sorpresa y preocupación a la revelación, que imprimió vértigo a la jornada de ayer.
La trama, digna de una novela negra, se conoció por intermedio del juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco, en el auto por el que procesó a seis terroristas etarras y siete miembros de las FARC por "compartir información" acerca de la utilización de explosivos, y por intentar asesinar al actual presidente colombiano, Alvaro Uribe, y a su predecesor en el cargo, Andrés Pastrana.

De acuerdo con la investigación realizada por el magistrado, los terroristas colombianos solicitaron la colaboración de los vascos para atentar en España contra Uribe y Pastrana. Dos miembros de las FARC viajaron a este país, en marzo y septiembre de 2000, para hacer el pedido.

Una vez en territorio español, los terroristas Edgar Gustavo Morales

("Mocho") y Víctor Ramón Vargas Salazar ("Chato") apelaron a los servicios de ETA para vigilar la embajada colombiana con el fin de localizar a Pastrana.

A pesar de que el operativo de rastreo fracasó, años más tarde intentaron reiterarlo con Uribe, con idéntico resultado negativo.

Sin embargo, y siempre de acuerdo a la fuente judicial, ETA y las FARC no sólo mantuvieron su contacto, sino que profundizaron su colaboración en agosto de 2007, cuando representantes de ambas bandas se reunieron en un campamento de la guerrilla colombiana asentado en territorio venezolano. Allí, dos miembros de ETA asistieron a un curso sobre explosivos para miembros de las FARC y sus aliados de las Fuerzas de Liberación Bolivariana.

Pero la participación del gobierno de Chávez se volvería más evidente en el testimonio de uno de los etarras. Este contó que llegó al campamento desde la localidad de Maracaibo en compañía de una persona "que vestía un chaleco con el escudo de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela", siempre escoltados por un jeep militar de esa nación.
No obstante, éste no sería el único vínculo ni el más importante, entre el gobierno venezolano y ETA.

Como parte de su procedimiento, el juez solicitó la extradición del etarra Arturo Cubillas Fontán, que era coordinador en América del Sur de las relaciones entre las FARC y los terroristas vascos, y que en octubre de 2005 fue designado por la administración chavista director adscripto a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.

"Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA, y en especial de Arturo Cubillas Fontán", expresa en concreto el auto judicial, en el que también se solicita el procesamiento de otros cinco presuntos terroristas residentes en México y Cuba.

La noticia impactó con fuerza en el gobierno de Rodríguez Zapatero, quien, de acuerdo con la edición digital del diario ABC, ordenó a su canciller, Miguel Angel Moratinos, "pedir explicaciones" a Chávez.

"Estamos a la espera de las explicaciones por parte de Venezuela y, en función de esa explicación, actuará el gobierno de España", afirmó Zapatero, desde Alemania.

En tanto, en Belfast, un juez ordenó que un notorio miembro de ETA, Iñaki de Juana Chaos, sea extraditado a España por "elogiar el terrorismo??. De Juana Chaos ha estado resistiendo su extradición desde noviembre del 2008, cuando, al salir de prisión, leyó una carta en la que elogió el terrorismo.

.