transporte pblico, y que en funcin del horario de entrada y salida a su trabajo, incluso carezca de transporte pblico.

Ni lo mismo ha de ser, la situacin de una persona que en su trabajo precisa de la prctica de la conduccin, que otra que no lo necesita.

El cumplimiento de la pena de privacin del derecho a conducir, en un caso conlleva a poner en serio peligro, incluso a perder el trabajo y medio de subsistencia del reo y de su familia. No menos injusto, representar el profundo sufrimiento moral que con dicha situacin pueda generarse, debido a las dems circunstancias que puedan concurir.

Entendemos que el legislador no pretenda en absoluto, dejar a nadie sin la posibilidad de ejercer su profesin, pero la realidad manda. Con ello, poco favor se hace al mandato constitucional, en cuanto a la orientacin de reeducacin y reinsercin, que ha de derivarse del cumplimiento de las penas en general. Ya que a una persona que se le priva de su medio de trabajo, poco o nada (sino todo lo contrario) se le ayuda cara a su reeducacin y reinsercin.


7.- Con la entrada en vigor de la LO 15/2003, creemos se ha perdido una oportunidad muy buena de reconducir ciertas carencias del CP, en lo que respecta a las propias posibilidades intrnsecas de la propia reforma, y en especial en lo referido a las penas relativas de los Delitos Contra la Seguridad del Trfico, en lo que respecta a su penalizacin, as como en las formas y modos de su cumplimiento. Pudiendo haberse redactado un texto ms justo, humano y eficaz, al haberse podido sustentar sobre la realidad circunstancial del inculpado.

8.- La reforma del CP, derivada de la LO 15/2003, anula la pena privativa de libertad, arresto de fin de semana, para los delitos considerados MENOS GRAVES, y LEVES. A su vez, incorpora una nueva pena, privativa de libertad, como la localizacin permanente, para los delitos LEVES.

La desviacin existente, en cuanto a la penosidad del cumplimiento de una pena privativa del derecho a conducir, podra en parte haberse subsanado relacionando obligaciones meramente reeducativas con la pena privativa de libertad como es, la localizacin permanente. Es decir, mediante el seguimiento adecuado, tratar de constatar la eficacia de una mezcla justa de entre las siguientes penas::

- localizacin permanente,
- estableciendo medidas reeducativas (informa-tivas y formativas)
- conjugando mecanismos de suspensin y/o suspensin de la pena privativa del derecho a conducir.

9.- Si con todo ello, una persona condenada por un Delito Contra la Seguridad del Trfico, a las penas de privacin de libertad (no siempre), y entre otras, como la pena de multa, a la pena privativa al derecho a conducir por un tiempo, y donde habindose dado la posibilidad de sustitucin y/o suspensin de la pena privativa al derecho a conducir, volviese a reincidir, lo que habra que pensar, que respecto de dicha persona quizs habra que arbitrar otro tipo de medidas, como la del adecuado tratamiento mdico, respecto de su dependencia a la sustancia de que se trate.

10.- Con el presente informe, no se defiende la opcin de que la pena privativa del derecho a conducir, sea abolida del CP por la va de hecho, sino que la misma y su cumplimiento se adecuen al conjunto de las dems circunstancias personales del reo, en atencin al mandato constitucional de que las penas han de orientarse a la reeducacin y reinsercin,. Y, en todo caso evitarse, que el cumplimiento de una determinada pena, llegue a representar un aadido perjuicio, peor an, que el que representa la propia pena.

Sin duda, que en circunstancias de reincidencia, o en casos de alcoholismo, la pena de la retirada del permiso de conduccin, no debera de ser la nica medida a aplicar, debiendo de arbitrarse mecanismos que posibilitaran una rehabilitacin efectiva, al modo de cmo se ha previsto con las personas con dependencia a sustancias txicas.

Sin duda, la mejor manera a medio y largo plazo, que una sociedad sana, tiene a su alcance para evitar la criminalidad, habr de venir de la reeducacin y rehabilitacin. Donde la idea subyacente de El Estado contra el Criminal, ha de trocarse, por la de El Estado con el Individuo, en una voluntad mutua de colaboracin.