gerama31
25/07/2018, 15:04
Los conceptos que estructuran el mecanismo de una Democracia Participativa aspiran a proporcionar a todas las personas la capacidad de participación que les corresponde en la toma de las decisiones, en la supervisión y ejecución de las decisiones y en la evaluación final de las decisiones que afectan los destinos de toda la nación y el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos, en lo político, lo económico, lo social y lo cultural.
En base al principio fundamental del derecho a una verdadera participación ciudadana, la Democracia Participativa consiste en un compromiso a:
Establecer la Carta Internacional de los Derechos Humanos como fundamento indispensable para el desarrollo de la Constitución de cada país;
Promover la separación de los tres poderes fundamentales – ejecutivo, legislativo y judicial – y la creación de un poder subordinado económico que desempeñe un papel profesional de mediación entre los poderes ejecutivo y legislativo en cuestiones de presupuesto;
Promover dentro de cada ámbito de actuación la participación directa de los ciudadanos en la toma y evaluación de decisiones de los órganos de gobierno en los niveles local y provincial y en la propuesta (iniciativas populares) y aprobación de normas jurídicas en los niveles local, provincial, regional y estatal o federal;
Promover una legislatura donde una de sus ramas refleje mediante proceso electoral los intereses programáticos de las diferentes corrientes políticas establecidas y reconocidas y la otra se organice mediante un sistema progresivo de Asambleas electivas que respondan a los intereses populares de sus bases respectivas y que se organicen de conformidad con el Principio de Subsidiariedad;
Definir al Poder Ejecutivo como un poder dedicado a la administración de los mandatos del pueblo provenientes de las Asambleas y de los lineamientos partidistas provenientes de la otra rama legislativa, de conformidad con las decisiones conjuntas de un Congreso así constituido;
Establecer requisitos mínimos de formación para poder acceder a los cargos públicos;
Promover la independencia del poder Judicial y la elección popular de jueces de primera instancia seleccionados como candidatos por organizaciones profesionales del derecho y/o por organizaciones defensoras de los derechos humanos y/o que se presenten individualmente como candidatos con el respaldo de muchos años de servicio ejemplar. La instalación de jueces en instancias superiores seguirán las normas constitucionales establecidas por medios democráticos;
Defender el interés general que debe prevalecer sobre los intereses de grupos de presión o cabildeo en los asuntos que involucren al poder ejecutivo, legislativo y judicial;
Aceptar la realidad democrática de grupos de presión o cabildeo que actúen de acuerdo a normas de absoluta trasparencia mediante la amplia y libre divulgación de sus metas y aspiraciones;
Crear mecanismos de control que prevengan la corrupción, la impunidad y el abuso de autoridad, con sanciones obligatorias que impliquen la destitución de los culpables y su sometimiento a un procedimiento judicial establecido de conformidad con las decisiones legislativas;
Establecer la transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública mediante el escrutinio periódico y obligatorio por parte del poder económico, con libre acceso a las cuentas y procedimientos públicos, introduciendo mecanismos para el control y supervisión por parte de los ciudadanos de la actividad de los poderes ejecutivo y legislativo, mediante organismos creados y mantenidos por la sociedad civil como parte del poder económico;
Impulsar la colaboración del Estado con los grupos religiosos, filantrópicos y humanitarios dedicados a realizar funciones que beneficien a la comunidad sin interferir ni ejercer influencia en las funciones y decisiones públicas.
Estos lineamientos pueden ser el meollo de una Declaración de Principios promulgada por un gobierno legítimo con el propósito de fomentar los medios para proporcionar a los ciudadanos la capacidad decisiva de participación democrática, exigiendo que los programas e iniciativas de gobierno ofrezcan oportunidades iguales para todos, condenando el uso de la violencia y promoviendo el diálogo y la negociación en la presentación de objetivos políticos y la toma de decisiones que afecten a la comunidad o a la nación con una voluntad política de transacción y entendimiento.
El futuro pertenece a los pueblos, y NO a sus mandatarios (sobre todo a los que se arrogan un derecho mesiánico de tomar decisiones por métodos seudorevolucionarios). Corresponde a los pueblos mantener control sobre su futuro, porque una mayor participación democrática abre las puertas del progreso y la paz para un mundo mejor. Corresponde también a las democracias la obligación de defender a toda costa aquellos pueblos que ven sus derechos aplastados por un Estado dictatorial o totalitario. Dar la espalda a esta obligación implica un verdadero contubernio con los enemigos de la democracia y del Estado de derecho.
En base al principio fundamental del derecho a una verdadera participación ciudadana, la Democracia Participativa consiste en un compromiso a:
Establecer la Carta Internacional de los Derechos Humanos como fundamento indispensable para el desarrollo de la Constitución de cada país;
Promover la separación de los tres poderes fundamentales – ejecutivo, legislativo y judicial – y la creación de un poder subordinado económico que desempeñe un papel profesional de mediación entre los poderes ejecutivo y legislativo en cuestiones de presupuesto;
Promover dentro de cada ámbito de actuación la participación directa de los ciudadanos en la toma y evaluación de decisiones de los órganos de gobierno en los niveles local y provincial y en la propuesta (iniciativas populares) y aprobación de normas jurídicas en los niveles local, provincial, regional y estatal o federal;
Promover una legislatura donde una de sus ramas refleje mediante proceso electoral los intereses programáticos de las diferentes corrientes políticas establecidas y reconocidas y la otra se organice mediante un sistema progresivo de Asambleas electivas que respondan a los intereses populares de sus bases respectivas y que se organicen de conformidad con el Principio de Subsidiariedad;
Definir al Poder Ejecutivo como un poder dedicado a la administración de los mandatos del pueblo provenientes de las Asambleas y de los lineamientos partidistas provenientes de la otra rama legislativa, de conformidad con las decisiones conjuntas de un Congreso así constituido;
Establecer requisitos mínimos de formación para poder acceder a los cargos públicos;
Promover la independencia del poder Judicial y la elección popular de jueces de primera instancia seleccionados como candidatos por organizaciones profesionales del derecho y/o por organizaciones defensoras de los derechos humanos y/o que se presenten individualmente como candidatos con el respaldo de muchos años de servicio ejemplar. La instalación de jueces en instancias superiores seguirán las normas constitucionales establecidas por medios democráticos;
Defender el interés general que debe prevalecer sobre los intereses de grupos de presión o cabildeo en los asuntos que involucren al poder ejecutivo, legislativo y judicial;
Aceptar la realidad democrática de grupos de presión o cabildeo que actúen de acuerdo a normas de absoluta trasparencia mediante la amplia y libre divulgación de sus metas y aspiraciones;
Crear mecanismos de control que prevengan la corrupción, la impunidad y el abuso de autoridad, con sanciones obligatorias que impliquen la destitución de los culpables y su sometimiento a un procedimiento judicial establecido de conformidad con las decisiones legislativas;
Establecer la transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública mediante el escrutinio periódico y obligatorio por parte del poder económico, con libre acceso a las cuentas y procedimientos públicos, introduciendo mecanismos para el control y supervisión por parte de los ciudadanos de la actividad de los poderes ejecutivo y legislativo, mediante organismos creados y mantenidos por la sociedad civil como parte del poder económico;
Impulsar la colaboración del Estado con los grupos religiosos, filantrópicos y humanitarios dedicados a realizar funciones que beneficien a la comunidad sin interferir ni ejercer influencia en las funciones y decisiones públicas.
Estos lineamientos pueden ser el meollo de una Declaración de Principios promulgada por un gobierno legítimo con el propósito de fomentar los medios para proporcionar a los ciudadanos la capacidad decisiva de participación democrática, exigiendo que los programas e iniciativas de gobierno ofrezcan oportunidades iguales para todos, condenando el uso de la violencia y promoviendo el diálogo y la negociación en la presentación de objetivos políticos y la toma de decisiones que afecten a la comunidad o a la nación con una voluntad política de transacción y entendimiento.
El futuro pertenece a los pueblos, y NO a sus mandatarios (sobre todo a los que se arrogan un derecho mesiánico de tomar decisiones por métodos seudorevolucionarios). Corresponde a los pueblos mantener control sobre su futuro, porque una mayor participación democrática abre las puertas del progreso y la paz para un mundo mejor. Corresponde también a las democracias la obligación de defender a toda costa aquellos pueblos que ven sus derechos aplastados por un Estado dictatorial o totalitario. Dar la espalda a esta obligación implica un verdadero contubernio con los enemigos de la democracia y del Estado de derecho.