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22/05/2018, 03:27
Italia se librará de masones en el gobierno gracias al acuerdo Liga-M5S
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Por Gabriel Ariza | 21 mayo, 2018Gracias al acuerdo firmado entre la Liga y el M5S, no habrá ministros masones en el gobierno de Italia. Ambas partes excluyen a miembros de la masonería y la mafia para el gobierno de la nación.
Ha pasado desapercibido uno de los puntos del acuerdo de gobierno suscrito entre la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas en Italia. En el apartado de incompatibilidades para formar parte del gobierno, los signatarios han incluido este párrafo:
No pueden ser parte del gobierno personas que:
– han sufrido condenas penales, incluso no definitivas, por delitos dolosos, así como por blanqueo de dinero o fraude contable.
-se encuentran en juicio por delitos graves (mafia, corrupción, soborno…)
-pertenecen a la Francmasonería o tienen algún conflicto de interés con el asunto de la cartera encomendada.
El acuerdo de gobierno
Tras largas semanas posteriores a las elecciones que hundieron a los ‘macronistas’ del PD y dieron la victoria parcial a dos partidos ‘populistas’ -el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte-, la amenaza del presidente de la República, Sergio Mattarella, de nombrar un primer ministro ‘técnico’ -es decir, del gusto de Bruselas- ha forzado a los dos líderes de los partidos mayoritarios, Luigi di Maio y Matteo Salvini a sentarse y firmar in extremis un acuerdo de gobierno.
Los diez puntos claves de este programa de Gobierno, al que aún le falta un primer ministro son:
1) Unión Europea: “El pleno cumplimiento” de los objetivos en el Tratado de Maastricht de 1992 y la “necesaria la revisión, junto a los socios europeos, de la estructura de la gobernación económica europea” como la política monetaria, el Pacto de Estabilidad, el Pacto Fiscal o el Mecanismo Europeo de Estabilidad.
Consideran además que “es preciso examinar las competencias de la UE y devolver a los Estados las que no pueden ser gestionadas efectivamente a nivel de Unión, reforzando al mismo tiempo la capacidad de decisión de la UE en sus competencias exclusivas”.
2) Política Exterior: Confirman su pertenencia a la OTAN, pero abogan por una apertura a Rusia como “socio comercial y económico” y el levantamiento de las sanciones.
3) Inmigración: “Es necesario superar el reglamento de Dublín”, que entre otras cosas establece que el país que debe hacerse cargo de una petición de asilo es aquel en el que el demandante pisó por primer vez territorio comunitario y piden la “reubicación obligatoria y automática en base a parámetros objetivos y cuantificables”.
También incluye que cualquier delito cometido de una persona en espera del estado de refugiado suponga su expulsión inmediata y prevén “sedes de permanencia temporal de inmigrantes destinados a la repatriación”.
Definen como ineludible y prioritaria la expulsión de los inmigrantes considerados ilegales y por tanto prevén que parte de los recursos destinados a la acogida vayan a los fondos para la expulsión de inmigrante.
4) Reforma de las pensiones: Reforma de la ley de pensiones que introdujo el Gobierno del tecnócrata Monti (2011-2013) y en lugar de que la edad de jubilación sean los 67 años a partir de 2019 proponen lo que han llamado “cuota 100” y que consentirá a los ciudadanos jubilarse cuando los años de edad y de contribución sumen 100.
5) Impuesto de ciudadanía: Un subsidio para las personas con dificultades que será de 780 euros mensuales si viven solos y durante un máximo de dos años.
En este tiempo, los beneficiados deberán buscar trabajo y los centros de empleo les enviarán ofertas profesionales que solo podrán rechazar como máximo en tres ocasiones.
6) Flat Tax (impuesto plano): Impuesto único para las empresas, familias y autónomos que oscilará entre el 15 % y el 20 %, aunque no se detallan los requisitos de uno y otro porcentaje.
7) Campos de Gitanos: Cierre de todos los campos donde viven personas de etnia gitana considerados irregulares y se propone el cierre del resto en futuro. Escolarización de los niños y en el caso contrario se procederá a alejarlos de las familias.
8 Reforma de Justicia: Prevén introducir la legítima defensa domiciliar, aumento de la pena para los delitos de violencia sexual, robo y fraude y la reforma de la prescripción para algunos delitos.
9) Ministerio para la Discapacidad: Quieren crear un Ministerio que dará más fondos y asistencia a la integración de las personas con discapacidades.
10) Coste de la política: Se comprometen a reducir los costes de la política como los sueldos vitalicios y proponen recortes en las llamadas “pensiones de oro”, superiores a 5.000 euros netos al mes.
La masonería, enemigo de la libertad
A lo largo de su historia la Iglesia católica ha condenado y desaconsejado a sus fieles la pertenencia a asociaciones que se declaraban ateas y contra la religión, o que podían poner en peligro la fe. Entre estas asociaciones se encuentra la masonería. En el siglo XVIII los Papas lo hicieron con mucha más fuerza, y en el XIX persistieron en ello. Clemente XII, en “In eminenti”, había condenado a la masonería. Más tarde, León XIII, en su encíclica “Humanum genus”, de 20 de abril de 1884, la calificaba de organización secreta, enemigo astuto y calculador, negadora de los principios fundamentales de la doctrina de la Iglesia.
En el canon 2335 del Código de Derecho Canónico de 1917 establecía que “los que dan su nombre a la secta masónica, o a otras asociaciones del mismo género, que maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas, incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la Sede Apostólica”. Actualmente, la legislación se rige por el Código de Derecho Canónico promulgado por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, que, en su canon 1374, señala:
“Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa; quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho”.
Previendo posibles confusiones, un día antes de que entrara en vigor la nueva ley eclesiástica del año 1983, fue publicada una declaración firmada por el Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
En ella se señala que el criterio de la Iglesia no ha variado en absoluto con respecto a las anteriores declaraciones, y la nominación expresa de la masonería se había omitido por incluirla junto a otras asociaciones.
Se indica, además, que los principios de la masonería siguen siendo incompatibles con la doctrina de la Iglesia, y que los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas no pueden acceder a la Sagrada Comunión.
Fuente : https://infovaticana.com
https://infovaticana.com/wp-content/uploads/2018/05/maio.png
Por Gabriel Ariza | 21 mayo, 2018Gracias al acuerdo firmado entre la Liga y el M5S, no habrá ministros masones en el gobierno de Italia. Ambas partes excluyen a miembros de la masonería y la mafia para el gobierno de la nación.
Ha pasado desapercibido uno de los puntos del acuerdo de gobierno suscrito entre la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas en Italia. En el apartado de incompatibilidades para formar parte del gobierno, los signatarios han incluido este párrafo:
No pueden ser parte del gobierno personas que:
– han sufrido condenas penales, incluso no definitivas, por delitos dolosos, así como por blanqueo de dinero o fraude contable.
-se encuentran en juicio por delitos graves (mafia, corrupción, soborno…)
-pertenecen a la Francmasonería o tienen algún conflicto de interés con el asunto de la cartera encomendada.
El acuerdo de gobierno
Tras largas semanas posteriores a las elecciones que hundieron a los ‘macronistas’ del PD y dieron la victoria parcial a dos partidos ‘populistas’ -el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte-, la amenaza del presidente de la República, Sergio Mattarella, de nombrar un primer ministro ‘técnico’ -es decir, del gusto de Bruselas- ha forzado a los dos líderes de los partidos mayoritarios, Luigi di Maio y Matteo Salvini a sentarse y firmar in extremis un acuerdo de gobierno.
Los diez puntos claves de este programa de Gobierno, al que aún le falta un primer ministro son:
1) Unión Europea: “El pleno cumplimiento” de los objetivos en el Tratado de Maastricht de 1992 y la “necesaria la revisión, junto a los socios europeos, de la estructura de la gobernación económica europea” como la política monetaria, el Pacto de Estabilidad, el Pacto Fiscal o el Mecanismo Europeo de Estabilidad.
Consideran además que “es preciso examinar las competencias de la UE y devolver a los Estados las que no pueden ser gestionadas efectivamente a nivel de Unión, reforzando al mismo tiempo la capacidad de decisión de la UE en sus competencias exclusivas”.
2) Política Exterior: Confirman su pertenencia a la OTAN, pero abogan por una apertura a Rusia como “socio comercial y económico” y el levantamiento de las sanciones.
3) Inmigración: “Es necesario superar el reglamento de Dublín”, que entre otras cosas establece que el país que debe hacerse cargo de una petición de asilo es aquel en el que el demandante pisó por primer vez territorio comunitario y piden la “reubicación obligatoria y automática en base a parámetros objetivos y cuantificables”.
También incluye que cualquier delito cometido de una persona en espera del estado de refugiado suponga su expulsión inmediata y prevén “sedes de permanencia temporal de inmigrantes destinados a la repatriación”.
Definen como ineludible y prioritaria la expulsión de los inmigrantes considerados ilegales y por tanto prevén que parte de los recursos destinados a la acogida vayan a los fondos para la expulsión de inmigrante.
4) Reforma de las pensiones: Reforma de la ley de pensiones que introdujo el Gobierno del tecnócrata Monti (2011-2013) y en lugar de que la edad de jubilación sean los 67 años a partir de 2019 proponen lo que han llamado “cuota 100” y que consentirá a los ciudadanos jubilarse cuando los años de edad y de contribución sumen 100.
5) Impuesto de ciudadanía: Un subsidio para las personas con dificultades que será de 780 euros mensuales si viven solos y durante un máximo de dos años.
En este tiempo, los beneficiados deberán buscar trabajo y los centros de empleo les enviarán ofertas profesionales que solo podrán rechazar como máximo en tres ocasiones.
6) Flat Tax (impuesto plano): Impuesto único para las empresas, familias y autónomos que oscilará entre el 15 % y el 20 %, aunque no se detallan los requisitos de uno y otro porcentaje.
7) Campos de Gitanos: Cierre de todos los campos donde viven personas de etnia gitana considerados irregulares y se propone el cierre del resto en futuro. Escolarización de los niños y en el caso contrario se procederá a alejarlos de las familias.
8 Reforma de Justicia: Prevén introducir la legítima defensa domiciliar, aumento de la pena para los delitos de violencia sexual, robo y fraude y la reforma de la prescripción para algunos delitos.
9) Ministerio para la Discapacidad: Quieren crear un Ministerio que dará más fondos y asistencia a la integración de las personas con discapacidades.
10) Coste de la política: Se comprometen a reducir los costes de la política como los sueldos vitalicios y proponen recortes en las llamadas “pensiones de oro”, superiores a 5.000 euros netos al mes.
La masonería, enemigo de la libertad
A lo largo de su historia la Iglesia católica ha condenado y desaconsejado a sus fieles la pertenencia a asociaciones que se declaraban ateas y contra la religión, o que podían poner en peligro la fe. Entre estas asociaciones se encuentra la masonería. En el siglo XVIII los Papas lo hicieron con mucha más fuerza, y en el XIX persistieron en ello. Clemente XII, en “In eminenti”, había condenado a la masonería. Más tarde, León XIII, en su encíclica “Humanum genus”, de 20 de abril de 1884, la calificaba de organización secreta, enemigo astuto y calculador, negadora de los principios fundamentales de la doctrina de la Iglesia.
En el canon 2335 del Código de Derecho Canónico de 1917 establecía que “los que dan su nombre a la secta masónica, o a otras asociaciones del mismo género, que maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas, incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la Sede Apostólica”. Actualmente, la legislación se rige por el Código de Derecho Canónico promulgado por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, que, en su canon 1374, señala:
“Quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa; quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho”.
Previendo posibles confusiones, un día antes de que entrara en vigor la nueva ley eclesiástica del año 1983, fue publicada una declaración firmada por el Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
En ella se señala que el criterio de la Iglesia no ha variado en absoluto con respecto a las anteriores declaraciones, y la nominación expresa de la masonería se había omitido por incluirla junto a otras asociaciones.
Se indica, además, que los principios de la masonería siguen siendo incompatibles con la doctrina de la Iglesia, y que los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas no pueden acceder a la Sagrada Comunión.
Fuente : https://infovaticana.com