ElKatire
05/12/2012, 17:23
Tomado del libro Crisis de Conciencia:
Un factor de capital importancia en las decisiones del Cuerpo
Gobernante era la regla de los dos tercios. Esto produjo en ocasiones
resultados sorprendentes.
La norma consistía en que era necesaria una mayoría de dos tercios
de la totalidad de los miembros activos para que pasara una moción.
Personalmente apreciaba la oportunidad que ello ofrecía al permitir
que un miembro pudiera emitir un voto contrario al de la mayoría o
simplemente abstenerse sin tener la sensación de estar ejerciendo el
“poder de veto”. En cuestiones de poca importancia solía sumarme
al voto mayoritario aún teniendo algunas reservas. Pero cuando
surgían cuestiones que afectaban profundamente a mi conciencia con
frecuencia me quedaba en minoría, rara vez en solitario, pero con tan
sólo la compañía de uno, dos o tres miembros más que expresaban
objeción de conciencia no votando a favor de la moción. 2
Generalmente no fue ese el caso en los dos primeros años o después
del importante cambio llevado a cabo en la estructura de autoridad
(puesto en funcionamiento de manera oficial el 1 de enero de 1976).
En cambio, me vi obligado a emitir un voto diferente al de la mayoría
o a abstenerme más frecuentemente durante los dos últimos años de
mi permanencia en el Cuerpo debido a la implantación de una fuerte
tendencia hacia la “línea dura”.
Veamos ahora lo que solía suceder cuando el Cuerpo se mostraba
enteramente dividido en sus puntos de vista, situación más común de
lo que algunos pudieran pensar.
Podía someterse a discusión un asunto referente a una conducta
que en algún momento en el pasado de la Sociedad se había
considerado como “digno de expulsión”, tal vez el hecho de que a
una persona se le hubiera inyectado un componente sanguíneo para
poder neutralizar una enfermedad potencialmente fatal; o quizá el
caso de una esposa, cuyo marido no Testigo estuviera en servicio
militar y ella realizara su trabajo en la base militar de su marido.
Sucedía en ocasiones que, al debatir este tipo de asuntos, el Cuerpo
solía estar muy dividido, a veces partido en dos mitades. Podía darse
el caso de que hubiera una mayoría inclinada a desclasificar como
“digno de expulsión” un acto particular, una conducta o un tipo de
empleo. Veamos la situación que podía producirse debido a la regla
de la mayoría de los dos tercios:
Si de catorce miembros presentes, nueve se inclinaban por eliminar
la etiqueta de “digno de expulsión”, habiendo sólo cinco que
apoyaban su mantenimiento, esa mayoría era insuficiente para
eliminar dicha etiqueta. Aún con una mayoría así, nueve no alcanzaba
la mayoría de los dos tercios. (Incluso en el caso de que fueran diez
los votantes a favor de que se produjera el cambio, tampoco sería un
número suficiente, pues aún constituyendo una mayoría de dos tercios
de los catorce presentes, la norma aplicaba a la mayoría de dos tercios
del total de los miembros activos, constituida en gran parte del tiempo
por diecisiete). Si alguno de aquellos nueve partidarios de eliminar
la consideración de “digno de expulsión” presentaba una moción
fracasaría, pues necesitaba doce votos para que saliera adelante. Si
entre los cinco que apoyaban su mantenimiento había alguien que
presentara una moción tampoco tendría éxito naturalmente. Pero,
incluso en este caso, aunque se produjera el fracaso de una moción
favorable a continuar considerando “digno de expulsión” el asunto
en cuestión, no daría como resultado la eliminación esa clasificación
vigente. ¿Por qué? Porque la norma establecía que era preciso que
una moción fuera aprobada para poder efectuar cambios en cualquier
norma vigente. En uno de esos primeros casos de votación dividida,
Milton Henschel se había pronunciado en cuanto a que “prevaleciera
el statu quo” cuando no se produjera una mayoría de dos tercios. En
tal caso no procedería efectuar cambio alguno. Era poco habitual en
estos casos que alguien cambiara el signo de su voto de modo que lo
que normalmente se producía era un estancamiento.
Eso significaba que el Testigo que hubiera incurrido en una
determinada conducta o desempeñara un empleo cuya idoneidad
moral estuviera sometida a discusión se vería abocado a la expulsión,
¡aun cuando la mayoría del Cuerpo había manifestado con claridad
que no debería ser así!.
En más de una ocasión cuando una minoría o incluso una mayoría
insuficiente (por no alcanzar los dos tercios) consideraba que el asunto
envuelto no merecía la expulsión de la persona afectada expresé mi
parecer en cuanto a lo irrazonable e incomprensible de nuestra actitud.
¿Cómo podíamos continuar actuando como en el pasado, expulsando
a la gente por cosas que hasta en el seno del Cuerpo Gobernante había
quienes, a veces una mayoría, consideraban no merecedoras de ese
castigo?. ¿Cómo llegarían a sentirse los hermanos y las hermanas
cuando tuvieran conocimiento de tal situación y que, a pesar de todo,
se llevaban a cabo las expulsiones?3
Para ilustrarlo, si de cinco ancianos que forman un “comité judicial”
para atender un caso hubiera tres que consideraran que la acción
o la conducta de la persona no es merecedora de expulsión,
¿invalidaría su posición el hecho de que fueran tan sólo tres quintos
y no alcanzaran los dos tercios?4 ¿Habría que expulsar entonces a la
persona? Seguro que no. ¿Cómo, entonces, podíamos permitir que
prevaleciera una mera norma tradicional que fija el dictamen para la
expulsión en unas determinadas condiciones del resultado del voto
cuando el criterio de la mayoría de los miembros del Cuerpo estaba
en contra? ¿No sería más razonable adoptar la postura de que, en todo
lo referente a expulsión, cuando hay una minoría considerable (o una
mayoría, aunque escasa) que estimara que no hay base suficiente para
expulsión, no se aplicara ese anacrónico reglamento?
Estas cuestiones presentadas al Cuerpo Gobernante no obtuvieron
respuesta, sino que tozudamente en tales circunstancias se aplicaba
la norma vigente con toda normalidad. Por la razón que fuera, las
consecuencias que aquellas decisiones conllevaban para la vida de
la gente no merecían consideración a la hora de tenerlas en cuenta y
dejar a un lado la “normativa”. En algún determinado momento del
pasado de la organización se había establecido una determinada
política en materia de expulsión (muy a menudo con un único autor,
alguien completamente aislado de las circunstancias que afectaban
al caso) y tal política se puso en marcha. Se adoptó un determinado
criterio de actuación y era aplicado a menos que una mayoría de dos
tercios se pronunciara en contra.
Un factor de capital importancia en las decisiones del Cuerpo
Gobernante era la regla de los dos tercios. Esto produjo en ocasiones
resultados sorprendentes.
La norma consistía en que era necesaria una mayoría de dos tercios
de la totalidad de los miembros activos para que pasara una moción.
Personalmente apreciaba la oportunidad que ello ofrecía al permitir
que un miembro pudiera emitir un voto contrario al de la mayoría o
simplemente abstenerse sin tener la sensación de estar ejerciendo el
“poder de veto”. En cuestiones de poca importancia solía sumarme
al voto mayoritario aún teniendo algunas reservas. Pero cuando
surgían cuestiones que afectaban profundamente a mi conciencia con
frecuencia me quedaba en minoría, rara vez en solitario, pero con tan
sólo la compañía de uno, dos o tres miembros más que expresaban
objeción de conciencia no votando a favor de la moción. 2
Generalmente no fue ese el caso en los dos primeros años o después
del importante cambio llevado a cabo en la estructura de autoridad
(puesto en funcionamiento de manera oficial el 1 de enero de 1976).
En cambio, me vi obligado a emitir un voto diferente al de la mayoría
o a abstenerme más frecuentemente durante los dos últimos años de
mi permanencia en el Cuerpo debido a la implantación de una fuerte
tendencia hacia la “línea dura”.
Veamos ahora lo que solía suceder cuando el Cuerpo se mostraba
enteramente dividido en sus puntos de vista, situación más común de
lo que algunos pudieran pensar.
Podía someterse a discusión un asunto referente a una conducta
que en algún momento en el pasado de la Sociedad se había
considerado como “digno de expulsión”, tal vez el hecho de que a
una persona se le hubiera inyectado un componente sanguíneo para
poder neutralizar una enfermedad potencialmente fatal; o quizá el
caso de una esposa, cuyo marido no Testigo estuviera en servicio
militar y ella realizara su trabajo en la base militar de su marido.
Sucedía en ocasiones que, al debatir este tipo de asuntos, el Cuerpo
solía estar muy dividido, a veces partido en dos mitades. Podía darse
el caso de que hubiera una mayoría inclinada a desclasificar como
“digno de expulsión” un acto particular, una conducta o un tipo de
empleo. Veamos la situación que podía producirse debido a la regla
de la mayoría de los dos tercios:
Si de catorce miembros presentes, nueve se inclinaban por eliminar
la etiqueta de “digno de expulsión”, habiendo sólo cinco que
apoyaban su mantenimiento, esa mayoría era insuficiente para
eliminar dicha etiqueta. Aún con una mayoría así, nueve no alcanzaba
la mayoría de los dos tercios. (Incluso en el caso de que fueran diez
los votantes a favor de que se produjera el cambio, tampoco sería un
número suficiente, pues aún constituyendo una mayoría de dos tercios
de los catorce presentes, la norma aplicaba a la mayoría de dos tercios
del total de los miembros activos, constituida en gran parte del tiempo
por diecisiete). Si alguno de aquellos nueve partidarios de eliminar
la consideración de “digno de expulsión” presentaba una moción
fracasaría, pues necesitaba doce votos para que saliera adelante. Si
entre los cinco que apoyaban su mantenimiento había alguien que
presentara una moción tampoco tendría éxito naturalmente. Pero,
incluso en este caso, aunque se produjera el fracaso de una moción
favorable a continuar considerando “digno de expulsión” el asunto
en cuestión, no daría como resultado la eliminación esa clasificación
vigente. ¿Por qué? Porque la norma establecía que era preciso que
una moción fuera aprobada para poder efectuar cambios en cualquier
norma vigente. En uno de esos primeros casos de votación dividida,
Milton Henschel se había pronunciado en cuanto a que “prevaleciera
el statu quo” cuando no se produjera una mayoría de dos tercios. En
tal caso no procedería efectuar cambio alguno. Era poco habitual en
estos casos que alguien cambiara el signo de su voto de modo que lo
que normalmente se producía era un estancamiento.
Eso significaba que el Testigo que hubiera incurrido en una
determinada conducta o desempeñara un empleo cuya idoneidad
moral estuviera sometida a discusión se vería abocado a la expulsión,
¡aun cuando la mayoría del Cuerpo había manifestado con claridad
que no debería ser así!.
En más de una ocasión cuando una minoría o incluso una mayoría
insuficiente (por no alcanzar los dos tercios) consideraba que el asunto
envuelto no merecía la expulsión de la persona afectada expresé mi
parecer en cuanto a lo irrazonable e incomprensible de nuestra actitud.
¿Cómo podíamos continuar actuando como en el pasado, expulsando
a la gente por cosas que hasta en el seno del Cuerpo Gobernante había
quienes, a veces una mayoría, consideraban no merecedoras de ese
castigo?. ¿Cómo llegarían a sentirse los hermanos y las hermanas
cuando tuvieran conocimiento de tal situación y que, a pesar de todo,
se llevaban a cabo las expulsiones?3
Para ilustrarlo, si de cinco ancianos que forman un “comité judicial”
para atender un caso hubiera tres que consideraran que la acción
o la conducta de la persona no es merecedora de expulsión,
¿invalidaría su posición el hecho de que fueran tan sólo tres quintos
y no alcanzaran los dos tercios?4 ¿Habría que expulsar entonces a la
persona? Seguro que no. ¿Cómo, entonces, podíamos permitir que
prevaleciera una mera norma tradicional que fija el dictamen para la
expulsión en unas determinadas condiciones del resultado del voto
cuando el criterio de la mayoría de los miembros del Cuerpo estaba
en contra? ¿No sería más razonable adoptar la postura de que, en todo
lo referente a expulsión, cuando hay una minoría considerable (o una
mayoría, aunque escasa) que estimara que no hay base suficiente para
expulsión, no se aplicara ese anacrónico reglamento?
Estas cuestiones presentadas al Cuerpo Gobernante no obtuvieron
respuesta, sino que tozudamente en tales circunstancias se aplicaba
la norma vigente con toda normalidad. Por la razón que fuera, las
consecuencias que aquellas decisiones conllevaban para la vida de
la gente no merecían consideración a la hora de tenerlas en cuenta y
dejar a un lado la “normativa”. En algún determinado momento del
pasado de la organización se había establecido una determinada
política en materia de expulsión (muy a menudo con un único autor,
alguien completamente aislado de las circunstancias que afectaban
al caso) y tal política se puso en marcha. Se adoptó un determinado
criterio de actuación y era aplicado a menos que una mayoría de dos
tercios se pronunciara en contra.