Arielo
03/04/2010, 11:40
Un abogado está estudiando denunciar a la Iglesia por la «posibilidad de que constituya una organización criminal». Al mismo tiempo, se están concretando las exigencias de que los casos de abusos se investiguen por parte del Estado.
El abogado economista Georg Zanger se plantea dar nuevos pasos en la lucha contra los abusos en instituciones católicas. «Habría que pensar en presentar denuncias contra organizaciones de las instituciones eclesiásticas por la posibilidad de que se trate de organizaciones criminales». Esta denuncia se basaría en el artículo 278a del Código Penal austríaco e iría dirigida a la fiscalía.
Son justamente estos antecedentes de hecho (con amenaza de 6 meses a 5 años de prisión) los que actualmente se les imputan, en un proceso en curso en Wiener Neustadt, a 13 defensores de los derechos de los animales. Zanger opina: «Pienso que el artículo 278 no está pensado exclusivamente para defensores de los animales». En su opinión, ahora habría que estudiar hasta qué punto hay una conducta organizada detrás de los ocultamientos que ha habido, y por tanto detrás de la violencia y los abusos sexuales.
Zanger explica: «Si hay un solo educador detrás de los abusos, la situación es muy distinta de si estos hechos se han producido con el consentimiento de otros». Si en alguna de las instituciones resultara que los abusos son «inherentes al sistema», estaría justificada una denuncia conforme al artículo 278a del Código Penal austríaco.
Hasta el momento, hay 15 personas que se han asociado para pedirle ayuda a Zanger, quien también quiere actuar en otro frente. Hace años, ya consiguió indemnizaciones en cantidades millonarias como abogado de víctimas del nazismo que habían sido obligados a trabajos forzados. Ahora podría actuar como defensor para las víctimas de violencia y abusos de la Iglesia. Opina que, en el caso de la Iglesia, a la larga no tiene mucha importancia el que las demandas hayan prescrito.
Algunas víctimas también están pensando en reclamar indemnizaciones de las diócesis. Según informaciones de este periódico, se va a estudiar también una denuncia contra el cardenal Christoph Schönborn en cuanto responsable de la archidiócesis de Viena. Ahora bien, al margen de la cuestión de que los hechos hayan prescrito o no, a un obispo sólo se le podría demandar en su calidad de superior jerárquico si se pudiera demostrar que él debía tener «muy claro» que era previsible que el autor iba a seguir cometiendo delitos, como explica el especialista en derecho Helmut Fuchs.
¿Y cómo está el asunto de las indemnizaciones en cuanto al derecho civil? ¿Quién tiene la responsabilidad: el obispo, la diócesis? En opinión del experto en derecho privado Andreas Kletecka, sería muy difícil demandar a un obispo. Otra cosa es lo de las diócesis. Si el autor de los delitos es un sacerdote, se le debe considerar como representante de un organismo, la diócesis, contra la cual se podrían presentar demandas de indemnización. Hay un problema, que es que para personas jurídicas las demandas prescriben a los tres años. Para los autores del delito, hay un plazo de treinta años. La opinión de Kletecka sobre esta ventaja de la que gozan las personas jurídicas: «ahora mismo, el asunto se está debatiendo, está 50 - 50». Es posible que el Tribunal Supremo modifique la judicatura y amplíe el plazo de prescripción hasta los treinta años.
Mientras tanto, se están concretando las exigencias de que los casos de abusos se investiguen por parte del Estado. Por una parte, se dice que hay que hablar tanto con los representantes de las víctimas como con la Iglesia. Jarolim, portavoz de justicia del SP (partido socialdemócrata), especifica más. Él pide una comisión de investigación constituida por cinco personas, que debería dirigir un presidente anterior del Tribunal Constitucional. A dos representantes los debería nombrar la Iglesia, y a otros dos las organizaciones de víctimas, afirmó Jarolim en televisión. La archidiócesis de Viena se muestra de acuerdo. Su portavoz Erich Leitenberger dijo que se cooperará al máximo con las instituciones del Estado.
El ejemplo lo constituye Irlanda, donde ya se constituyó hace años una comisión de investigación en materia de abusos. Y también en Alemania: allí se ha formado ahora una mesa redonda sobre abusos infantiles, y se ha nombrado a la socialdemócrata Christine Bergmann como representante del Gobierno. La plataforma Afectados por la Violencia de la Iglesia apoyan la idea de una comisión estatal. La plataforma ofrece desde el martes un número de teléfono de ayuda a las víctimas.
Por otra parte, la diócesis Gurk-Klagenfurt piensa recurrir, a partir de ahora, a las instancias estatales ante cualquier sospecha de abuso o maltrato. Si bien el derecho penal no establece en general la obligación de declarar los hechos, el obispo Alois Schwarz esclarecerá los hechos incluso en los casos que ya hayan prescrito de acuerdo con el derecho penal.
Original (http://diepresse.com/home/panorama/religion/548442/index.do)
Traducción de Anahí Seri
El abogado economista Georg Zanger se plantea dar nuevos pasos en la lucha contra los abusos en instituciones católicas. «Habría que pensar en presentar denuncias contra organizaciones de las instituciones eclesiásticas por la posibilidad de que se trate de organizaciones criminales». Esta denuncia se basaría en el artículo 278a del Código Penal austríaco e iría dirigida a la fiscalía.
Son justamente estos antecedentes de hecho (con amenaza de 6 meses a 5 años de prisión) los que actualmente se les imputan, en un proceso en curso en Wiener Neustadt, a 13 defensores de los derechos de los animales. Zanger opina: «Pienso que el artículo 278 no está pensado exclusivamente para defensores de los animales». En su opinión, ahora habría que estudiar hasta qué punto hay una conducta organizada detrás de los ocultamientos que ha habido, y por tanto detrás de la violencia y los abusos sexuales.
Zanger explica: «Si hay un solo educador detrás de los abusos, la situación es muy distinta de si estos hechos se han producido con el consentimiento de otros». Si en alguna de las instituciones resultara que los abusos son «inherentes al sistema», estaría justificada una denuncia conforme al artículo 278a del Código Penal austríaco.
Hasta el momento, hay 15 personas que se han asociado para pedirle ayuda a Zanger, quien también quiere actuar en otro frente. Hace años, ya consiguió indemnizaciones en cantidades millonarias como abogado de víctimas del nazismo que habían sido obligados a trabajos forzados. Ahora podría actuar como defensor para las víctimas de violencia y abusos de la Iglesia. Opina que, en el caso de la Iglesia, a la larga no tiene mucha importancia el que las demandas hayan prescrito.
Algunas víctimas también están pensando en reclamar indemnizaciones de las diócesis. Según informaciones de este periódico, se va a estudiar también una denuncia contra el cardenal Christoph Schönborn en cuanto responsable de la archidiócesis de Viena. Ahora bien, al margen de la cuestión de que los hechos hayan prescrito o no, a un obispo sólo se le podría demandar en su calidad de superior jerárquico si se pudiera demostrar que él debía tener «muy claro» que era previsible que el autor iba a seguir cometiendo delitos, como explica el especialista en derecho Helmut Fuchs.
¿Y cómo está el asunto de las indemnizaciones en cuanto al derecho civil? ¿Quién tiene la responsabilidad: el obispo, la diócesis? En opinión del experto en derecho privado Andreas Kletecka, sería muy difícil demandar a un obispo. Otra cosa es lo de las diócesis. Si el autor de los delitos es un sacerdote, se le debe considerar como representante de un organismo, la diócesis, contra la cual se podrían presentar demandas de indemnización. Hay un problema, que es que para personas jurídicas las demandas prescriben a los tres años. Para los autores del delito, hay un plazo de treinta años. La opinión de Kletecka sobre esta ventaja de la que gozan las personas jurídicas: «ahora mismo, el asunto se está debatiendo, está 50 - 50». Es posible que el Tribunal Supremo modifique la judicatura y amplíe el plazo de prescripción hasta los treinta años.
Mientras tanto, se están concretando las exigencias de que los casos de abusos se investiguen por parte del Estado. Por una parte, se dice que hay que hablar tanto con los representantes de las víctimas como con la Iglesia. Jarolim, portavoz de justicia del SP (partido socialdemócrata), especifica más. Él pide una comisión de investigación constituida por cinco personas, que debería dirigir un presidente anterior del Tribunal Constitucional. A dos representantes los debería nombrar la Iglesia, y a otros dos las organizaciones de víctimas, afirmó Jarolim en televisión. La archidiócesis de Viena se muestra de acuerdo. Su portavoz Erich Leitenberger dijo que se cooperará al máximo con las instituciones del Estado.
El ejemplo lo constituye Irlanda, donde ya se constituyó hace años una comisión de investigación en materia de abusos. Y también en Alemania: allí se ha formado ahora una mesa redonda sobre abusos infantiles, y se ha nombrado a la socialdemócrata Christine Bergmann como representante del Gobierno. La plataforma Afectados por la Violencia de la Iglesia apoyan la idea de una comisión estatal. La plataforma ofrece desde el martes un número de teléfono de ayuda a las víctimas.
Por otra parte, la diócesis Gurk-Klagenfurt piensa recurrir, a partir de ahora, a las instancias estatales ante cualquier sospecha de abuso o maltrato. Si bien el derecho penal no establece en general la obligación de declarar los hechos, el obispo Alois Schwarz esclarecerá los hechos incluso en los casos que ya hayan prescrito de acuerdo con el derecho penal.
Original (http://diepresse.com/home/panorama/religion/548442/index.do)
Traducción de Anahí Seri