Flavio Vespaciano
15/07/2008, 09:17
Al inicio de la semana / Por Roberto Cachanosky
Y dale con la renta extraordinaria
Tratar de impedir que las empresas o los individuos tengan altas rentabilidades no es más que el resultado del resentimiento de aquellos que, más que redistribuir la riqueza, quieren que el país se mantenga en la pobreza.
Si hasta ahora hemos escuchado una colección de disparates por parte de los funcionarios públicos, en los últimos días, tal vez por el grado de desesperación del Gobierno ante la empinada caída de su imagen frente a la opinión pública, la cantidad de insensateces se ha transformado en un verdadero tsunami de afirmaciones descabelladas.
La primera y más anecdótica es la del inefable Guillermo Moreno, nuestro secretario de Comercio Interior, cuando afirmó que los únicos datos creíbles y válidos sobre la inflación son los que informa el INDEC. La verdad es que esta afirmación no merece una respuesta porque ese tipo de declaraciones hay que tomarlas con humor. El recordado Fidel Pintos, en su papel de “el Chanta”, ha sido superado por la realidad.
Más hilaridad causó Néstor Kirchner cuando afirmó que ellos jamás habían agredido ni patoteado a nadie. Para el ex presidente no es patotear que sus aliados políticos hayan ido a la Quinta de Olivos a patotear a mujeres indefensas ni que Luis D'Elía haya ido a la Plaza de Mayo a repartir trompadas a quienes se manifestaban pacíficamente contra el gobierno.
Pero dejemos de lado tanto desprecio por la verdad e intentemos ponerle algo de racionalidad a tanto desatino.
¿Qué es lo que se viene esgrimiendo como argumento para mantener la resolución 125? Básicamente lo que ellos llaman la renta extraordinaria. En rigor, el oficialismo confunde precio extraordinario con renta extraordinaria, porque que el precio de la soja haya subido tanto no quiere decir que los costos de producción no hayan aumentado en forma sideral. Pero de todas maneras supongamos que hoy el sector agropecuario tiene una renta más alta en la soja por el incremento del precio. La famosa renta extraordinaria que, según el gobierno, hay que confiscar impositivamente para redistribuirla es el argumento central.
En primer lugar, ¿cuál es el problema de que haya una renta extraordinaria? A modo de referencia es bueno recordar que luego de la crisis del 2002 la renta en la construcción aumentó notablemente. Los negocios que se hacían eran similares a los de los pool de siembra. El desarrollador elegía un terreno, el arquitecto ponía el proyecto y cobraba con metros cubiertos y se armaba una “vaquita” con inversores para financiar la obra para luego vender. Las tasas rentabilidad fueron tan altas que se fueron incorporando nuevos inversores hasta que la mayor oferta hizo bajar la rentabilidad y tendió a igualarse con el resto de los sectores productivos. Era un negocio con una tasa de rentabilidad del 75% en un ciclo de 24 meses.
Lo mismo ocurrió con las famosas compras de electrodomésticos que se promocionaban a 24 cuotas fijas sin intereses. La realidad era que había altísimos intereses dentro del precio al punto que si uno quería comprar al contado no había un descuento significativo. Lo que se vendían no eran televisores, sino cuotas.
Ni en el caso de la construcción ni el de los electrodomésticos ningún funcionario público hizo un escándalo y el mercado se fue acomodando solo.
¿Por qué tanto barullo, entonces, con el tema de la soja? ¿Por qué no dejar que, si hay una renta extraordinaria, la mayor oferta, producto de un incremento de la inversión, haga bajar la renta extraordinaria o bien, la menor inversión en otros sectores, reduzca la oferta, eleve el precio, incremente la rentabilidad y atraiga inversiones? ¿Por qué no funcionó este mecanismo tan natural? Porque fue el gobierno el que, con su lógica económica tan primitiva, entendió que la ganadería, la lechería y el trigo también tenían rentas extraordinarias y adoptó medidas que las destruyeron. Los controles de precios, los cupos y prohibiciones de exportación arruinaron a esos sectores y se volcaron a la soja. Y ahora, empecinados con la resolución 125, van a arruinar el negocio de la soja.
Otro dato relevante es el énfasis con que los diputados y senadores oficialistas decían que había que castigar con toda la fuera posible la renta de los grandes productores, como si estos fueran el mismo demonio. ¿Qué tiene de malo que haya grandes empresas que tengan rentabilidad? Esta actitud refleja la típica postura resentida de aquellos que, más que redistribuir la riqueza, quieren un país chico.
Una vez más es necesario insistir en que no hace falta que intervenga ningún burócrata iluminado para orientar la asignación de los recursos productivos. Si un sector tiene más rentabilidad que otros lo que va a ocurrir es que atraerá inversiones (como la construcción y la venta de electrodomésticos) hasta que el incremento de la oferta haga bajar los precios y la renta. Gracias a este mecanismo es como crecen y se desarrollan los países. Crecen a partir de las inversiones que buscan rentas extraordinarias. Lamentablemente el gobierno quiere poca renta y escasas inversiones, con lo cual, crea las condiciones para que la pobreza se perpetúe y Argentina sea cada vez más subdesarrollada.
Otra de las afirmaciones que también fue alucinante fue cuando sostuvieron que las retenciones no eran un impuesto, sino una herramienta de política económica. ¿Desde cuándo la apropiación del ingreso o del patrimonio de las personas por parte del Estado para financiar el gasto público no es un impuesto? En rigor, dada la magnitud del impuesto establecido en la resolución 125 bien podría calificarse este tributo como una expoliación lisa y llana.
La realidad es que todo impuesto, al ser pagado en forma compulsiva, tiene efectos macroeconómicos y puede ser más o menos distorsivo, pero siempre un impuesto distorsiona la economía. Si se aplica el IVA se castiga el consumo. Si se aplica ganancias se atenta contra la inversión. Si se aplica el impuesto al cheque se atenta contra la bancarizacion de la economía y se estimula el mercado negro. Lo que uno puede intentar es buscar los impuestos menos nocivos para el crecimiento económico, pero cualquier impuesto que se elija va a afectar la asignación de recursos o la distribución de los ingresos.
El problema que tenemos en Argentina es que el gobierno pretende que el sistema impositivo cumpla tres funciones simultáneamente: a) generar recursos para financiar el gasto, b) redistribuya ingresos y c) reasigne recursos productivos. En rigor, mi visión es que el gobierno solo quiere cobrar impuestos buscando recaudar más para hacer caja que es lo que le dio poder hasta ahora. Y aún así, ese poder, se ha diluído.
En el caso particular de la resolución 125 se esgrime el argumento de la distribución de ingresos y de la reasignación de los recursos productivos. Y esto se hace para argumentar que es una herramienta de política económica y no impositiva con el objeto de no tener que pasar por el Congreso (cosa que finalmente tuvieron que hacer) para apropiarse de los ingresos de los productores. El aumento de las retenciones no tiene por objetivo ni defender la mesa de los argentinos, ni estimular la producción de carne, lácteos o trigo y mucho menos redistribuir esos recursos para destinarlos a la educación o la salud. El objetivo, claramente, es tratar de recomponer la caja del sector público devastada por tantos subsidios y endeudamiento.
Pero, claro, el gobierno presentó otro argumento porque si hubiese dicho la verdad hubiera reconocido el fracaso de su política económica y la emergencia en la que nos ha sumergido 5 años de primitivismo económico. Detrás tantas declamaciones de contenido “social” no se esconde otra cosa que la necesidad de más caja para tratar de sostener subsidios y e intentar seguir subordinando a gobernadores e intendentes para continuar construyendo poder vía la “compra” de adhesiones.
El modelo exige de creciente gasto público en subsidios porque endógenamente así funciona. Como se ataca sistemáticamente la producción para abaratar artificialmente los bienes y servicios, la única manera de mantener algún grado de abastecimiento en la sociedad es repartiendo subsidios. Y esto lleva a más gasto y más presiones impositivas.
Hoy el gobierno tiene dos rebeliones fiscales simultáneas: a) la del campo y b) la de la gente contra el impuesto inflacionario. Ha conseguido ponerse al grueso de la población en su contra, al punto que no logra armar un acto sino es con el apoyo de los piqueteros comandados por Luis D’Elía y otros que movilizan a la gente como ganado.
El gobierno ha quedado políticamente aislado y tambaleando por su voracidad fiscal. Y, encima, ha congelado repentinamente la economía. Desbordado por la recesión, la inflación y la rebelión del campo ante la confiscación ha conseguido reeditar lo que ocurrió en infinidad de casos en la historia de la humanidad. La gente se cansa de tanta arbitrariedad, mentira y expoliación y, como sucedió en infinidad de oportunidades, el monarca ve que ya no subyuga ni atemoriza a nadie.
El monarca ha perdido el poder por atacar la renta extraordinaria.
Y dale con la renta extraordinaria
Tratar de impedir que las empresas o los individuos tengan altas rentabilidades no es más que el resultado del resentimiento de aquellos que, más que redistribuir la riqueza, quieren que el país se mantenga en la pobreza.
Si hasta ahora hemos escuchado una colección de disparates por parte de los funcionarios públicos, en los últimos días, tal vez por el grado de desesperación del Gobierno ante la empinada caída de su imagen frente a la opinión pública, la cantidad de insensateces se ha transformado en un verdadero tsunami de afirmaciones descabelladas.
La primera y más anecdótica es la del inefable Guillermo Moreno, nuestro secretario de Comercio Interior, cuando afirmó que los únicos datos creíbles y válidos sobre la inflación son los que informa el INDEC. La verdad es que esta afirmación no merece una respuesta porque ese tipo de declaraciones hay que tomarlas con humor. El recordado Fidel Pintos, en su papel de “el Chanta”, ha sido superado por la realidad.
Más hilaridad causó Néstor Kirchner cuando afirmó que ellos jamás habían agredido ni patoteado a nadie. Para el ex presidente no es patotear que sus aliados políticos hayan ido a la Quinta de Olivos a patotear a mujeres indefensas ni que Luis D'Elía haya ido a la Plaza de Mayo a repartir trompadas a quienes se manifestaban pacíficamente contra el gobierno.
Pero dejemos de lado tanto desprecio por la verdad e intentemos ponerle algo de racionalidad a tanto desatino.
¿Qué es lo que se viene esgrimiendo como argumento para mantener la resolución 125? Básicamente lo que ellos llaman la renta extraordinaria. En rigor, el oficialismo confunde precio extraordinario con renta extraordinaria, porque que el precio de la soja haya subido tanto no quiere decir que los costos de producción no hayan aumentado en forma sideral. Pero de todas maneras supongamos que hoy el sector agropecuario tiene una renta más alta en la soja por el incremento del precio. La famosa renta extraordinaria que, según el gobierno, hay que confiscar impositivamente para redistribuirla es el argumento central.
En primer lugar, ¿cuál es el problema de que haya una renta extraordinaria? A modo de referencia es bueno recordar que luego de la crisis del 2002 la renta en la construcción aumentó notablemente. Los negocios que se hacían eran similares a los de los pool de siembra. El desarrollador elegía un terreno, el arquitecto ponía el proyecto y cobraba con metros cubiertos y se armaba una “vaquita” con inversores para financiar la obra para luego vender. Las tasas rentabilidad fueron tan altas que se fueron incorporando nuevos inversores hasta que la mayor oferta hizo bajar la rentabilidad y tendió a igualarse con el resto de los sectores productivos. Era un negocio con una tasa de rentabilidad del 75% en un ciclo de 24 meses.
Lo mismo ocurrió con las famosas compras de electrodomésticos que se promocionaban a 24 cuotas fijas sin intereses. La realidad era que había altísimos intereses dentro del precio al punto que si uno quería comprar al contado no había un descuento significativo. Lo que se vendían no eran televisores, sino cuotas.
Ni en el caso de la construcción ni el de los electrodomésticos ningún funcionario público hizo un escándalo y el mercado se fue acomodando solo.
¿Por qué tanto barullo, entonces, con el tema de la soja? ¿Por qué no dejar que, si hay una renta extraordinaria, la mayor oferta, producto de un incremento de la inversión, haga bajar la renta extraordinaria o bien, la menor inversión en otros sectores, reduzca la oferta, eleve el precio, incremente la rentabilidad y atraiga inversiones? ¿Por qué no funcionó este mecanismo tan natural? Porque fue el gobierno el que, con su lógica económica tan primitiva, entendió que la ganadería, la lechería y el trigo también tenían rentas extraordinarias y adoptó medidas que las destruyeron. Los controles de precios, los cupos y prohibiciones de exportación arruinaron a esos sectores y se volcaron a la soja. Y ahora, empecinados con la resolución 125, van a arruinar el negocio de la soja.
Otro dato relevante es el énfasis con que los diputados y senadores oficialistas decían que había que castigar con toda la fuera posible la renta de los grandes productores, como si estos fueran el mismo demonio. ¿Qué tiene de malo que haya grandes empresas que tengan rentabilidad? Esta actitud refleja la típica postura resentida de aquellos que, más que redistribuir la riqueza, quieren un país chico.
Una vez más es necesario insistir en que no hace falta que intervenga ningún burócrata iluminado para orientar la asignación de los recursos productivos. Si un sector tiene más rentabilidad que otros lo que va a ocurrir es que atraerá inversiones (como la construcción y la venta de electrodomésticos) hasta que el incremento de la oferta haga bajar los precios y la renta. Gracias a este mecanismo es como crecen y se desarrollan los países. Crecen a partir de las inversiones que buscan rentas extraordinarias. Lamentablemente el gobierno quiere poca renta y escasas inversiones, con lo cual, crea las condiciones para que la pobreza se perpetúe y Argentina sea cada vez más subdesarrollada.
Otra de las afirmaciones que también fue alucinante fue cuando sostuvieron que las retenciones no eran un impuesto, sino una herramienta de política económica. ¿Desde cuándo la apropiación del ingreso o del patrimonio de las personas por parte del Estado para financiar el gasto público no es un impuesto? En rigor, dada la magnitud del impuesto establecido en la resolución 125 bien podría calificarse este tributo como una expoliación lisa y llana.
La realidad es que todo impuesto, al ser pagado en forma compulsiva, tiene efectos macroeconómicos y puede ser más o menos distorsivo, pero siempre un impuesto distorsiona la economía. Si se aplica el IVA se castiga el consumo. Si se aplica ganancias se atenta contra la inversión. Si se aplica el impuesto al cheque se atenta contra la bancarizacion de la economía y se estimula el mercado negro. Lo que uno puede intentar es buscar los impuestos menos nocivos para el crecimiento económico, pero cualquier impuesto que se elija va a afectar la asignación de recursos o la distribución de los ingresos.
El problema que tenemos en Argentina es que el gobierno pretende que el sistema impositivo cumpla tres funciones simultáneamente: a) generar recursos para financiar el gasto, b) redistribuya ingresos y c) reasigne recursos productivos. En rigor, mi visión es que el gobierno solo quiere cobrar impuestos buscando recaudar más para hacer caja que es lo que le dio poder hasta ahora. Y aún así, ese poder, se ha diluído.
En el caso particular de la resolución 125 se esgrime el argumento de la distribución de ingresos y de la reasignación de los recursos productivos. Y esto se hace para argumentar que es una herramienta de política económica y no impositiva con el objeto de no tener que pasar por el Congreso (cosa que finalmente tuvieron que hacer) para apropiarse de los ingresos de los productores. El aumento de las retenciones no tiene por objetivo ni defender la mesa de los argentinos, ni estimular la producción de carne, lácteos o trigo y mucho menos redistribuir esos recursos para destinarlos a la educación o la salud. El objetivo, claramente, es tratar de recomponer la caja del sector público devastada por tantos subsidios y endeudamiento.
Pero, claro, el gobierno presentó otro argumento porque si hubiese dicho la verdad hubiera reconocido el fracaso de su política económica y la emergencia en la que nos ha sumergido 5 años de primitivismo económico. Detrás tantas declamaciones de contenido “social” no se esconde otra cosa que la necesidad de más caja para tratar de sostener subsidios y e intentar seguir subordinando a gobernadores e intendentes para continuar construyendo poder vía la “compra” de adhesiones.
El modelo exige de creciente gasto público en subsidios porque endógenamente así funciona. Como se ataca sistemáticamente la producción para abaratar artificialmente los bienes y servicios, la única manera de mantener algún grado de abastecimiento en la sociedad es repartiendo subsidios. Y esto lleva a más gasto y más presiones impositivas.
Hoy el gobierno tiene dos rebeliones fiscales simultáneas: a) la del campo y b) la de la gente contra el impuesto inflacionario. Ha conseguido ponerse al grueso de la población en su contra, al punto que no logra armar un acto sino es con el apoyo de los piqueteros comandados por Luis D’Elía y otros que movilizan a la gente como ganado.
El gobierno ha quedado políticamente aislado y tambaleando por su voracidad fiscal. Y, encima, ha congelado repentinamente la economía. Desbordado por la recesión, la inflación y la rebelión del campo ante la confiscación ha conseguido reeditar lo que ocurrió en infinidad de casos en la historia de la humanidad. La gente se cansa de tanta arbitrariedad, mentira y expoliación y, como sucedió en infinidad de oportunidades, el monarca ve que ya no subyuga ni atemoriza a nadie.
El monarca ha perdido el poder por atacar la renta extraordinaria.