Lina...
En Venezuela tenemos:
La acción de amparo
De acuerdo al artículo 27 de la Constitución de 1999, el amparo es el derecho que tiene toda persona de acudir a los Tribunales de la República y solicitar a éstos protección judicial contra cualquier hecho, acto u omisión que sean atribuibles a los órganos del Poder Público, a ciudadanos, a personas jurídicas, a grupos u organizaciones privadas, que hayan violado, violen o amenacen en forma inminente, cualquiera de los derechos y garantías constitucionales u otros inherentes a la persona humana consagrados o no en la propia Constitución o en instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, con el objeto de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella (art. 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales).
El amparo constitucional puede incluso ser solicitado durante la suspensión de garantías constitucionales. De hecho, el artículo 27 de la Ley Fundamental establece que "el ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales".
¿Cómo presentar una acción de amparo?
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo, cualquier persona natural o jurídica, directamente o por medio de un representante, puede interponer una pretensión de amparo ante el Juez competente en razón de la materia y del territorio, según lo establecido en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Suprema de Justicia (Caso Emery Mata Millán) del 20 de enero de 2000.
Por otro lado, cabe referir que la Constitución de 1999, en su artículo 281, ordinal 3, atribuye a la Defensoría del Pueblo, en vista de su obligación de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, la posibilidad de interponer la pretensión de amparo constitucional, para solicitar no sólo la protección de los derechos individuales de los ciudadanos que a ella acudan, sino también de sus intereses colectivos y difusos.
¿Cuál es el procedimiento?
Es importante destacar que la Constitución de 1961 se refería solamente a un procedimiento breve y sumario. La nueva Constitución, a efectos de promover la celeridad de la justicia, otorgó a la oralidad del procedimiento de amparo rango constitucional.
Sin perjuicio de la preeminencia de la oralidad en el procedimiento de amparo, la pretensión de amparo también podrá ser tramitada por escrito (no siendo obligatorio el papel sellado y las estampillas en vista de la gratuidad de la justicia) o, en caso de urgencia, por vía telegráfica. La solicitud de amparo constitucional deberá contener los siguientes datos:
Identificación del agraviado o de su representante (con indicación precisa de los poderes conferidos);
Residencia, lugar y domicilio del agraviado y agraviante;
Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, a ser posible, e indicación de la circunstancia de localización;
Descripción narrativa del hecho, acto u omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud, precisando cómo aquellos afectan derechos constitucionales;
Otras explicaciones complementarias.
Si el procedimiento sigue la vía oral, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos. Además de éstos, el accionante deberá señalar en su solicitud las pruebas que desea promover, siendo ésta una carga cuya omisión imposibilita que puedan ser señaladas en otro momento.
Ahora, una vez admitida la solicitud:
1. El Tribunal constitucional podrá, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Constitucional, restablecer la situación jurídica infringida si éste fundamenta su decisión en un medio de prueba promovida por el accionante que constituya presunción grave de la violación o de la amenaza de violación.
2. Si el juez no restablece inmediatamente la situación, se ordenará la citación del presunto agraviante y la notificación del Ministerio Público, para que concurran al tribunal a conocer el día en que se celebrará la audiencia oral, la cual tendrá lugar dentro de las 96 horas contadas a partir de la última notificación efectuada.
3. En la audiencia constitucional, donde las partes propondrán sus alegatos y defensas oralmente ante el Tribunal que conozca en primera instancia o la Sala Constitucional, el juez determinará si hay lugar a pruebas, caso en el que el presunto agraviante podrá ofrecer las que considere y pertinentes.
4. En la misma audiencia, el órgano jurisdiccional decretará cuales son las pruebas admisibles y necesarias, y ordenará su evacuación que se realizará el mismo día. Todas las actuaciones serán públicas, a menos que por protección a derechos civiles de carácter constitucional, se decida que los actos orales sean a puerta cerrada, pero siempre con inmediación del tribunal.
5. Una vez concluido el debate oral o las pruebas, el Tribunal en el mismo día estudiará individualmente el expediente o deliberará y podrá: Decidir inmediatamente; en cuyo caso expondrá en forma oral los términos del dispositivo del fallo; diferir la audiencia por un lapso que en ningún momento será mayor de 48 horas
La decisión dictada en primera instancia podrá ser: Declaración sin lugar del amparo o declaración con lugar del amparo. En este último caso el juez ordenará, en el dispositivo de la sentencia, que el mandamiento sea acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad.
6. Contra la decisión dictada en primera instancia, podrá apelarse dentro de los 3 días siguientes a la publicación del fallo.
Algunos obstáculos encontrados en la práctica al intentar un amparo constitucional.
Cuando vamos a interponer este mecanismo de protección de los derechos humanos, en la práctica, suelen presentarse diversos problemas, los cuales sólo podrán corregirse en la medida en que ejerzamos nuestros derechos y denunciemos las irregularidades. Por ejemplo, algunos Tribunales tienen la práctica de no aceptar la acción de amparo, por las siguientes razones: Por no estar asistidos por un abogado, porque la solicitud se está haciendo después de las dos de la tarde o porque se encuentran suspendidas las garantías constitucionales.
Todas estas prácticas son absolutamente inconstitucionales. Por ello, resulta conveniente que el accionante se haga acompañar de dos o más personas para que éstas sean testigos al momento de la negativa, y posteriormente se haga la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo
interno
Recurso de inconstitucionalidad
El ordenamiento jurídico interno consagra una serie de recursos por medio de los cuales los particulares pueden solicitar de la autoridad judicial la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes, actos de gobierno, decretos-leyes y demás actos administrativos de efectos generales (como los Reglamentos) dictados por los órganos del Poder Público, que sean contrarias a la Constitución o a los Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos ratificados por Venezuela. Dichos recursos reciben, en general, el nombre de "acción popular" por cuanto cualquiera del pueblo, en tanto que ciudadano, tiene legitimación activa para intentarla pues para ello sólo se requiere de un interés simple en la custodia de la constitucionalidad de los actos estatales.
Para determinar cual es el órgano competente para conocer de un recurso por inconstitucionalidad, debemos tener en cuenta el tipo de acto que será impugnado. En efecto, si se trata de impugnar actos de ejecución directa e inmediata de la Constitución, será ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según los artículos 266, 1º y 336 de la Constitución de 1999. Ahora, si de lo que se trata es de impugnar actos administrativos de efectos generales o reglamentos, el órgano competente para conocer de la acción popular prevista en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y en el artículo 266, 5º de la Constitución, es la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
El artículo 336 de la Constitución establece, como atribuciones de la Sala Constitucional:
Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea nacional que colidan con esta Constitución.
Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta.
Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constitución.
Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en el ejercicio del Poder Público.
Por su lado, el artículo 266, 5º del texto constitucional establece, como una de las atribuciones de la Sala Político-Administrativa:
Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente.
De todas manera te paso el link para que lo tengas:
<a href="http://www.cofavic.org.ve/p-situacion-denu.htm">http://www.cofavic.org.ve/p-situacion-denu.htm</a href>
La Tulipan... Con los pies en la tierra vengo yo!!!